En un gigantesco mercado de casi 210 millones de habitantes, en el que la actividad de los casinos es ilegal desde hace 72 años, una nueva propuesta de regulación y legalización del sector ligando su futuro al de la actividad turística pone en peligro el proyecto de ley de juego todavía pendiente de aprobar.

 
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BRASIL, 72 AÑOS DESPUÉS DEL CIERRE DE LOS CASINOS

Con la aprobación del decreto ley 9215 del 30 de abril de 1946, por el cual el presidente Eurico Gaspar Dutra declaraba ilegal el juego en todo el territorio nacional, se iniciaba una época negra para el sector, que hoy todavía perdura.

Una decisión polémica desde el punto de vista económico en la que, aparentemente, tuvieron un papel destacado la propia esposa del presidente y el ministro de justicia. Apodada como “la Santinha”, la primera dama brasileña, era una reconocida activista en contra del juego. Por su parte, Carlos Luz, acababa de arrancar su campaña como gobernador de Minas Gerais, basada “en recuperar la ciudad para las familias tradicionales y luchar contra los casinos”.

El impacto económico del decreto fue devastador, con más de 40.000 empleos perdidos en los aproximadamente 70 casinos que operaban por aquel entonces en Rio de Janeiro, Sao Paulo y la propia Minas Gerais. Un impacto que tendría también un efecto negativo en el turismo, que se desplazaba en masa para disfrutar de las apuestas y los espectáculos que ofrecían los míticos cabarés como el Copacabana Palace, el Quitandinha y el Atlantic, entre otros.

UNA OPCIÓN QUE CAE COMO UN JARRO DE AGUA FRÍA EN EL SECTOR

El Ministro de Turismo brasileño ha puesto sobre la mesa una nueva y restrictiva propuesta que podría dar al traste con los esfuerzos y los logros obtenidos tras meses de negociaciones.

La actual propuesta 186/2014 lleva más de un año pendiente de aprobación, pero había elevado las expectativas de los analistas del sector que confiaban que fuera aprobada antes de finalizar el año. Dicha resolución abarcaba un amplio abanico de ofertas que incluían diferentes tipos de juegos de apuestas tanto en casinos o bingos físicos como a través de operadores online, así como las apuestas deportivas y algunas modalidades locales como el popular jogo do bicho.

La nueva propuesta que llega de la mano del Ministerio de Turismo es mucho más restrictiva, eliminando todas aquellas actividades que no sean ofrecidas dentro de un casino físico. Además, limita el número de licencias a tan solo 10 casinos que deberían estar ubicados en los estados de Sao Paulo y Rio de Janeiro.

BRASIL PODRÍA SER EL MAYOR MERCADO DEL SECTOR DEL JUEGO

Con la experiencia de las recientes regulaciones en diferentes mercados internacionales, junto a una extensa población que supera los 200 millones de habitantes, los analistas sitúan a Brasil como el potencial mercado número uno para los juegos de casino y apuestas deportivas.

De la mano de las nuevas tecnologías, el juego online en Brasil podría suponer una auténtica explosión del mercado. Según recientes estudios, la región tiene una de las mayores tasas internacionales de penetración de redes sociales, incluyendo el número de horas diarias ocupadas en Facebook y otros canales.

El país tiene la oportunidad de elaborar la regulación más avanzada, basándose en la experiencia en la implantación de casinos online en España, Malta, Francia, Portugal y otras jurisdicciones. Ello permitiría no solo evitar repetir los errores que se han producido en algunos países, sino aprovechar la experiencia e infraestructura de operadores internacionales.

Según un reciente estudio realizado por la firma de consultoría KPMG junto con la Remote Gambling Association (RGA), el mercado del juego online en Brasil estaría estimado en 2.100 millones de dólares. En el mismo estudio, se menciona que el país “podría tener un mercado de juego muy lucrativo si se legalizaran y regularan dichas actividades combinando un régimen de licencias efectivo, un marco impositivo basado en los beneficios brutos (y no en las cantidades jugadas como ocurre en otras jurisdicciones) y se tomaran las medidas adecuadas para asegurar un producto socialmente responsable”.