La guerra de Codere

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, (CNMV), acaba de condenar a Codere y los cuatro miembros de su comité de auditoría por “negligencia y falta de diligencia al supervisar sus resultados de 2012” Según la CMNV, los responsables de supervisar las cuentas anuales de la compañía cometieron graves irregularidades en la presentación de sus cuentas para dicho ejercicio.

Con todo, los responsables de Codere admitieron en error y rectificaron presentando un balance nuevo. En el posterior balance de cuentas rectificado, la empresa líder en el mercado español de los locales de juego y casinos online, presentó unas cuentas que arrojaban unas pérdidas de 134 millones de euros.

La sentencia de la CMNV ratifica además las sanciones impuestas a Codere por parte del Ministerio de Hacienda en 2014 y la de la Audiencia Nacional en 2019 que fallaban contra Codere por una “infracción muy grave” al presentarle a la CMNV unas cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 llenas de “datos inexactos o no veraces” y que no corresponden con lo verdaderamente recaudado en los locales y el casino online de Codere.

Esta sentencia supone un balón de oxígeno para la familia Martínez-Sampedro, antiguos propietarios de Codere y que llevan pidiéndole desde hace dos años a la CNMV que investigue si hubo irregularidades por parte de los fondos de inversión en la toma de control de la compañía.

También, el fallo mete presión al actual responsable de la CMNV, Sebastián Albella, que, hasta ahora, tenía una posición de “neutralidad” en el conflicto que la familia Martínez-Sampedro mantiene con el resto del Consejo de Administración de Codere.

La familia Martínez-Sampedro considera que, si ahora la CNMV ha actuado una vez contra la compañía, ya no tiene ninguna excusa para abrir una nueva investigación que determine si hubo o no fraude en el cambio de control en el gigante español del juego.

El origen del conflicto

En el año 2018 y, en medio de una gravísima crisis de deuda, la familia Martínez-Sampedro cedió la mayoría del accionariado de Codere a una serie de fondos de inversión entre los que se encontraba la empresa de capital riesgo norteamericana Silverpoint. En virtud del acuerdo, la familia Martínez-Sampedro cedería parte del accionariado quedándose con el 18,5% de las acciones de la empresa.

Con este porcentaje del accionariado, la familia Martínez-Sampedro aún mantendría la presidencia de Codere al tener el mayor porcentaje del accionariado, pero los fondos, decidieron ponerse de acuerdo y juntarse para arrebatar el control a los máximos accionistas. Por separado, ningún fondo llegaba al porcentaje de los Martínez-Sampedro pero, juntos, alcanzaban el 21% suficiente para hacerse con la mayoría del consejo.

La familia fundadora de Codere considera que, según la ley, el grupo de fondos deberían haber lanzado una opa para hacerse formalmente con el control de la empresa y, además, denuncian irregularidades por parte de los consejeros, puesto que estos, según dicen los anteriores gestores de Codere, no actuaron en ningún momento de forma independiente, sino que estaban influenciados para beneficiar a Silverpoint, el fondo que lideraba la operación.

Los Martínez-Sampedro instan a la CMNV a abrir una investigación y determinar si hubo o no incumplimiento de la ley de opas que dictamina que, el nuevo accionista que toma control del consejo debe lanzar una opa supervisada por la CNMV y, de esta forma, permitir al resto de accionistas liquidar su participación frente a este nuevo escenario.

Con el fin de que la CMNV abra la investigación, la familia Martínez-Sampedro ha presentado seis escritos denunciando supuestas irregularidades incluyendo una investigación elaborada en Estados Unidos que aporta nuevas pruebas para iniciar el proceso.

De momento, la CMNV se ha limitado simplemente a pedir información administrativa a los nuevos gestores de Codere, pero no ha considerado iniciar una investigación formal. La posición oficial del regulador es la de “estudiar los escritos que nos han enviado y, una vez terminado el correspondiente análisis, contestaremos”

La ambigüedad por parte de la CMNV y la decisión de no abrir, por el momento, ninguna investigación, tiene que ver, según la familia Martínez-Sampedro, con la vinculación que mantiene Sebastián Albella con el despacho de abogados Linklaters.

El pasado de Sebastián Albella añade más leña al fuego

En el año 2014 comenzaron las negociaciones entre la familia Martínez-Sampedro y un grupo de fondos de inversión para que Codere refinanciara su deuda canjeándola por acciones de la compañía para una posterior ampliación de capital. Este proceso estuvo asesorado en todo momento por el bufete de abogados Linklaters del que Sebastián Albella era el director de su sucursal en Madrid.

Posteriormente, en 2016, Albella se incorporó a la CNMV, pero Linklaters siguió asesorando a Silverpoint en todo el proceso que terminó con el control de Codere por parte del fondo de capital riesgo. La familia Martínez-Sampedro considera que, habiendo estado vinculado al proceso, el equipo encargado de investigar a Codere en la CNMV no está actuando con neutralidad ya que Sebastián Albella es parte interesada en el conflicto.

Por parte de Linklaters, consideran la posición de los Martínez-Sampedro como de “sospechas infundadas” ya que, según el despacho de abogados, la implicación de Sebastián Albella en el movimiento de reestructuración de deuda de Codere fue mínima, “un 1% de todos los asuntos que por aquel entonces llevaba Albella en nuestra compañía”, según un comunicado del bufete.

En cualquier caso, aunque fuese cierto lo que aseguran desde el despacho de abogados, la familia Martínez-Sampedro considera que no hay ninguna excusa para que la CMNV abra una investigación sobre las supuestas irregularidades en el proceso que llevó a Silverpoint a hacerse con el control de una de las empresas con más locales y juegos de casino de España.

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